Reseña

Después de una larga evolución de la concepción del derecho a castigar que tiene el Estado, la mayoría de los pueblos civilizados han optado por asignar a la pena una finalidad altruista y utilitaria, la de rehabilitar al delincuente, readaptarlo a los patrones de conducta socialmente aceptados. Nuestra constitución y la legislación, en sus diversos cuerpos normativos, consagra estos principios, como se ha señalado.
No obstante, a pesar de estar legalmente vigente el paradigma de la rehabilitación, poco o nada se ha hecho por aplicar las formulas legislativas concebidas, supuestamente, para la consecución de dicha meta. De hecho, a pesar del reconocimiento expreso de la necesidad de respeto de los derechos elementales de las personas privadas de libertad como fundamento indispensable para cualquier tipo de tratamiento, los mismos aún sufren en la actualidad terribles atropellos y vejaciones.