Reseña

Con el grado de deterioro ambiental que se ha experimentado en los últimos años, la tutela ambiental se ha transformado en acontecimiento de primera magnitud en el ámbito del derecho punitivo.

En la actualidad no hay duda de que las libertades humanas, así como la vida misma peligran a causa del agotamiento de los recursos naturales y es a partir de ahí que para el ordenamiento jurídico surge el problema de asegurar al mismo tiempo el desarrollo económico y la conservación del equilibrio con el ambiente. Los gobiernos han reaccionado ante esta situación, con la sanción de leyes penales ambientales.

En nuestro país, se ha sancionado una Ley específica que castiga a los delitos ecológicos, y se ha incluido en el Código Penal una sección especial de hechos punibles que atentan contra este bien jurídico. Ello se concreta en la Ley N° 716/96 “Que sanciona los delitos contra el medio ambiente” y dentro del cual se halla el Capítulo I del Título III con el título de “Hechos Punibles contra las bases naturales de la vida humana”, del Código Penal donde se establecen los delitos que, afectando al ambiente, ponen en peligro la vida humana (Arts. 197 al 202).

Las vulneraciones al derecho a un ambiente sano revisten una gravedad que las hace merecedoras de la más fuerte de las reacciones estatales. Pero justamente por la gravedad que reviste el ejercicio del ius puniendi, el derecho penal se ha munido de una serie de garantías jurídicas, para asegurar que los derechos procesales de la persona investigada no sean violados. Si sumamos esta tendencia garantista del derecho penal, a la complejidad técnico-jurídica que traen consigo las ciencias ambientales, tenemos como resultado una rama merecedora del más profundo y detallado análisis si queremos lograr efectividad en la aplicación de sus normas.

El derecho penal ambiental en el Paraguay ha tenido un notable desarrollo en los últimos años. No obstante, las dificultades que se presentan al aplicar esta normativa son aún muy numerosas. Por ello, resulta necesario conocer cómo se desarrolla este tipo de responsabilidad y principalmente cuando se tratan de operadores encargados del cumplimiento.

La estricta atención que merece el principio de legalidad en el derecho penal, la excesiva criminalización de las infracciones ambientales que se ha dado en los últimos tiempos, y la constante injerencia del derecho administrativo en el derecho penal ambiental, son puntos que merecen una delicada investigación, y de los cuales nos ocuparemos en el presente artículo.

Es por ello por lo que, este material que se pone al alcance de los lectores, realiza una exposición del marco jurídico de la legislación penal en el Paraguay, con la descripción de cada uno de los artículos que castigan los ilícitos ambientales, con la finalidad que pueda alcanzarse un mejor conocimiento de los mismos que oriente en alguna medida a la disminución de las conductas que degradando el entorno, afectan a la calidad de vida de la población.