Reseña

En julio de 2021, la Contraloría General de la República (CGR) concluyó su auditoria sobre la deuda espuria de Itaipu (4.193 millones de dólares al 31 de diciembre de 1996) causada porque las empresas eléctricas brasileñas se negaron a pagar el costo del servicio, como establece el Tratado. La CGR la declaró "ilegal" y abusivamente perjudicial para el Estado paraguayo y la ANDE y, en cambio, enteramente beneficiosa para ELECTROBRAS y el Estado brasileño. En función a tal dictamen final, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) y la Campaña "Itaipú Causa Nacional" constituyeron la "Plataforma Ética Ciudadana", que contó con calificados expertos en relación a la deuda de Itaipú, con el fin de analizar la exhaustiva auditoría de la CGR. Luego del estudio, se derivaron las conclusiones a los responsables de tal deuda espuria, con el fin de que puedan hacer su descargo por Finalmente, la Plataforma Ética Ciudadana, en audiencia pública, luego de considerar las opiniones de J. C. Wasmosy y escuchar la opinión de calificados asistentes, emitió su opinión final, responsabilizando al dictador Alfredo Stroessner y el ex presidente J. C. Wasmosy, así como otros implicados, por la decisión que maron de perjudicar al pueblo paraguayo en sus intereses, traicionando a la Patria y causando un grave daño La Plataforma Ética Ciudadana coincidió enteramente con la opinión de la CGR y, consiguientemente, exigió que el Ministerio Público y la Justicia realicen las imputaciones del caso. A tres años de tan importante proceso público, ni el Ministerio Público ni la Justicia hicieron nada; tampoco hicieron nada Abdo Benítez ni Santiago Peña, como presidentes de la República, quienes tenían la obligación de reclamar al Brasil por los daños causados por tal deuda espuria, dejando indefenso al pueblo paraguayo en sus legítimos derechos.