Reseña

Este informe es uno de los resultados del proyecto América Inclusiva, un ambicioso programa cuyo objetivo es garantizar el acceso y la participación de las personas con discapacidad en el empleo en condiciones de igualdad y no discriminación. El proyecto pretende desarrollar el conocimiento, la capacidad y la experiencia de la sociedad civil, las empresas y los gobiernos de 10 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Su objetivo es apoyar y capacitar a estos grupos para abordar las cuestiones del diseño de políticas basadas en los derechos y garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en las empresas del sector privado, mejorando la disponibilidad de información sobre el cumplimiento (y las mejores prácticas) en la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, centrándose en el derecho del artículo 5 a la igualdad y la no discriminación y el derecho del artículo 27 al trabajo y el empleo inclusivos.
En general, el informe sugiere que los Estados tienen dificultades para cumplir sus compromisos de derecho internacional. Una combinación de factores, como las lagunas normativas en materia de protección, las barreras de actitud, los entornos inaccesibles, la falta de supervisión efectiva y la debilidad de los mecanismos institucionales, están socavando la eficacia de los marcos jurídicos de los Estados e impidiendo que las personas con discapacidad accedan al empleo y participen en él en igualdad de condiciones con las demás. Para que los Estados puedan cumplir sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, es necesario adoptar medidas más profundas. Para ello, el informe formula dos recomendaciones generales. En primer lugar, los Estados deben emprender una revisión detallada de sus marcos jurídicos vigentes en relación con las personas con discapacidad, y derogar o enmendar todas las leyes que tengan efectos discriminatorios. En segundo lugar, los Estados deben garantizar la protección de las personas con discapacidad mediante la adopción de leyes específicas, específicas y exhaustivas contra la discriminación. En las secciones finales de este informe, elaboramos el contenido básico de una ley de este tipo, basándonos en las recientes orientaciones publicadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.