Reseña

Los primeros veinticinco años del “nuevo sistema penal” todavía son propicios para seguir el debate de los límites al ius puniendi, con un enfoque de garantías a la persona humana, en la búsqueda de una paz social.
El responsable de la individualización de la pena aún requiere de herramientas que ayuden al razonamiento jurídico objetivo de la misma.
Las determinaciones legal, judicial y administrativa de la pena son abordadas en la presente obra con un enfoque desde el modelo de “indeterminación legal relativa”, en el cual se establece un lapsus entre un mínimo y un máximo, que, por su parte, el juzgador se encargará de acotar e individualizar la pena exacta a cada una de las personas condenadas. Esta individualización debe considerar el objetivo perseguido por el Estado, que tendrá sus referencias en las diferentes teorías, entre ellas, la de la retribución, la prevención especial, la prevención general, unificadora y de la proporcionalidad.
El juzgador debe utilizar su margen de libertad, con fundamentos, para la ponderación y para el logro de una pena adecuada a la reprochabilidad del hecho punible. Este ejercicio del margen de libertad
no debe llevar a una pena excesiva ni exigua, que atente contra la pena justa. El trabajo del juzgador, con estas características, podría darse por satisfecho.
Lo que pareciera ser obvio no necesariamente lo es; existen posibilidades de vulneración de derechos y garantías en las resoluciones
resultantes de juicios sobre la pena. Por ello, este aporte inicial al debate, es necesario.